Reto 1 - ¿Existe algún plan de localización de ODS en tu Administración?

 Trabajo en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por lo que efectivamente mi organización posee un plan estratégico de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Agenda 2030. 

El documento de consulta es el siguiente: 

 https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/eds-cast-acce.pdf

 Tal y como se indica en el mismo la importancia de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) para el Gobierno de nuestro país es de tal magnitud que se encuentra en la titularidad de uno de sus Ministerios y recae toda su planificación sobre una Secretaría de Estado específica y exclusiva para esta finalidad lo que implica en cuanto a rango y presupuesto estatal.

 La Agenda 2030 respecto de planes económicos y sociales anteriores presenta la importancia de la relación existente entre lo social, lo económico y lo medioambiental por lo que el plan estratégico del Ministerio se enfoca desde los tres aspectos, comprobando cómo mejorando la situación económica, social y medioambiental se mejora consecuentemente en los otros aspectos respectivamente. 

 Reto 1: acabar con la pobreza y la desigualdad

 Una de las primeras respuestas del ejecutivo para la consecución de los ODS ha sido la creación y establecimiento del Ingreso Mínimo Vital (en adelante IMV) para evitar y prevenir la pobreza extrema en nuestro país, que alcanza (según se indica en el texto consultado) a 260.000 hogares en los que viven más de 680.000 personas, de los que un 70 % están encabezados por mujeres. 

  El IMV forma parte de la política aceleradora 1, que lleva como título: La transición social. Redistribuir la riqueza y garantizar los derechos. Y de forma concreta contribuye a conseguir los objetivos: 1. Fin de la pobreza, 10. Reducción de las desigualdades, de hecho se trata de un ingreso que nace para perpetuarse en el sistema social español, de manera que nadie sufra pobreza extrema en España. 

  Reto 2: hacer frente a la emergencia climática y ambiental. 

  Para hacer frente a este reto el Gobierno puso en marcha su política aceleradora 2: Un país que respete los límites del planeta, y formalizó su compromiso con la Declaración del Gobierno ante la emergencia climática y ambiental, de enero de 2020 a través de la adopción de 30 líneas de acción prioritaria para la lucha contra el cambio climático y la consecución de una economía circular verde e inclusiva. 

  Como hemos indicado anteriormente la importancia es tal que en cuanto a la consecución de este reto se ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición energética en mayo de 2021.En concreto el escenario a 2030 compromete a una reducción de las emisiones GEI del 23 %, con respecto a los niveles de 1990, un 42 % de participación de renovables sobre el uso final de la energía, un 39,5 % de mejora de la eficiencia energética y una penetración del 74 % de energía renovable en la generación eléctrica. 

 Existen otras medidas como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021 -2030 y otras medidas a mayor largo plazo como la Estrategia a largo plazo 2050, todas ellas enmarcadas en la consecución del cambio del tejido industrial y productivo hacia una economía más sostenible y protectora del medioambiente. 

 Reto 3: cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación. 

  Este reto es afrontado con la política aceleradora 3 del ejecutivo: vidas libres e iguales para todas. 

  Esta política se distribuye desde muy diferentes esferas para conseguir disminuir una brecha estructural injusta, estas esferas son: la carga y distribución fiscal igualitaria, la educación, la disminución de la brecha salarias y de pensiones. 

  Para reducir la brecha salarias y de pensiones se ha regulado la creación de un nuevo complemente vinculado a la maternidad y la paternidad que se concederá al progenitor que acredite un perjuicio en su carrera profesional como consecuencia de tener hijos o hijas. 

  En cuanto a la esfera educativa para abordar los retos del futuro y los desafíos que tenemos como país, incluyendo la brecha laboral que afecta a las mujeres resulta clave la promoción de las vocaciones STEM (carreras científico-tecnológicas), particularmente entre el alumnado femenino, con herramientas como la Alianza STEAM. 

Reto 4: eliminar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente centrado y dependiente. 

 Frente a este reto se pone en marcha la política aceleradora 4, un nuevo modelo económico y productivo verde, digital y justo. 

Para ello se ponen en marcha planes desde el sector industrial hasta el sector agroalimentario, fomentando la economía social e invirtiendo en Ciencia, Tecnología e innovación. 

 Se establecen programas de ayuda a la digitalización industrial y ayudas para eficiencia energética a las PYMES.

 Se crea el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP). 

Reto 5: poner fin a la precariedad laboral. 

 Para afrontar este reto se pone en marcha la política aceleradora 5, que consiste en Calidad y estabilidad en el empleo. Uno de los mayores progresos en este sentido ha sido el aumento del Salario Mínimo Interprofesional aplicando la Carta Social Europea. 

 La conciliación es otro de los grandes retos a conseguir para lo que la regulación del trabajo a distancia ha venido a contribuir en gran medida, consiguiendo mejoras productivas y de calidad de vida en las personas empleadas. 

 El apoyo a los ERTES durante la pandemia fue un ejemplo de apuesta por la estabilización del empleo en nuestro país. 

Reto 6: revertir la crisis de los servicios públicos. 

Se pone en marcha la política aceleradora 6: unos servicios públicos reforzados para un estado del bienestar democrático y resiliente. 

Una de las prioridades en este aspecto  es la digitalización de las Administraciones Públicas para facilitar su accesibilidad. 

Se está trabajando en la Ley Marco de Servicios Sociales de manera consensuada con todos los actores responsables: comunidades autónomas, entidades locales y entidades del sector sector. 

Estrategias enfocadas en todas las etapas sociales desde la infancia (Estrategia Naos) hasta la estrategia nacional de personas mayores para un envejecimiento activo. 

Reto 7: poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los derechos humanos, a los principios democráticos y a la sostenibilidad del planeta. 

La política aceleradora 7 para conseguir este reto consiste en: Liderazgo internacional para una globalización justa, sostenible, igualitaria, democrática y basada en los derechos humanos. 

Se trabaja en una nueva ley de cooperación para el desarrollo sostenible. 

Incremento progresivo de de la inversión en AOD hasta alcanzar el 0,5 % de la Renta Nacional Bruta al final de la legislatura y el 0,7 % en 2030, destinando al menos el 10% de los recursos a Ayuda Humanitaria. 

Reto 8: Revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico. 

Para ello se lleva a cabo la política aceleradora 8: Cohesión social y territorial. Un medio rural con iguales derechos y oportunidades. 

Integrando diferentes ODS se lleva a cabo por ejemplo la realización de presupuestos específicos para Planes de Apoyo integrales para Mujeres en el medio rural. 

El Estatuo del pequeño municipio conformará un conjunto de instrumentos jurídicos para municipios de hasta 5.000 habitantes facilitando una mejora en la organización y funcionamiento en términos de simplificación administrativa y cogobernanza con otras administraciones. 

Además de estos retos y políticas aceleradoras el documento explica la forma en que el resto de administraciones contribuyen a conseguir estos objetivos y a integrarnos en la Agenda 2030.